El agrupamiento humano se gestó a partir de una invasión hace 10 años, lo integran 14 familias y hace unos meses se integraron dos familias que construyeron sus viviendas en un área que según la municipalidad es de dominio público.
"Los servicios de agua y alcantarillado no deben condicionarse a nada, salvo la condición de posesionarios que ha quedado demostrado. Nuestros menores corren el riesgo de ser violentados cuando acuden a los campos a hacer sus necesidades", comentaron.
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