La problemática en las organizaciones de usuarios del agua se mira desde distintos ángulos, y por supuesto como se quiera y complazca a muchos.
Periodista, luchadores, eternos dirigentes, candidatos municipales, empresarios, ven la cuestión, algunos con cierta improvisación, otros con mezquindad y los que más saben intentan hacer prevalecer su punto de vista que ojalá sinceramente salvaguarde la institucionalidad de las juntas de usuarios y mantenga firme la organización de los agricultores y agroindustriales.
Valgan verdades, es común tanta bulla en estas organizaciones; aun así cabe un llamado de atención severo a quienes, desde hace años, impulsan la reforma legal en este sector pero sin sincerar la realidad y la necesidad de implementar serios candados para que el tema sea manejado de manera técnica antes que de cualquier malsana forma que sólo amenaza la tranquilidad de agricultor.
Estos días, el problema de fondo es que gran parte de las comisiones de los usuarios en el Perú no pueden validar la elección de sus directivos y estos, con un sinnúmero de observaciones, a su vez miran con incertidumbre una serie de dificultades para designar sus consejos de junta de usuarios en cada valle. El responsable, dicen el Minagri porque se ha inmiscuido en las decisiones de estas organizaciones que son de carácter privado. “El Estado no respeta su autonomía” agregan.
Para entender algo más la cuestión. Desde inicio de año, está vigente el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y las pautas para la adecuación de estas organizaciones que a la par se sujetan a lo establecido en el Código Civil respecto a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Sunarp ha hecho observaciones insubsanables a la solicitud de inscripción de sus nuevos directivos, lo que los conmina a invalidar, dentro de poco, todas sus acciones de carácter administrativo.
¿Será cierto que el Estado tiene la culpa de todo ello? Más bien pareciera que a los eternos luchadores del agro del Perú no les dio la gana de no hacer bien las cosas. Hoy esperan la derogatoria, del Decreto Supremo 21-2012-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos por intervencionista; reiniciar nuestro ordenador como si nada hubiera pasado desde que se publicó la norma a fines del año pasado y ampliar el mandato de los conocidos dirigentes de agricultores hasta fines de 2014, lo que parece ser inevitable.
Mientras se define tremenda coyuntura, es oportuno reevaluar, qué hacer para que estas organizaciones sean manejadas técnicamente y sobretodo con justicia a favor de los usuarios. Hay que desechar el viejo postulado de porque el agua es para todos, sólo un puñado de gente ‘justiciera’ debe dirigir su distribución.
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